Una mirada anarquista sobre la crisis del 2002

1.- La crisis como engranaje institucional.

Los 20 años de la crisis económica uruguaya del 2002 nos interpela a quienes queremos transformar la sociedad en general, y a quienes buscamos alternativas desde una perspectiva anárquica en particular, a analizar los ciclos económicos y políticos en perspectiva.

La crisis del 2002 evidencia, tanto los límites de la organización capitalista en constante tensión con el bienestar de la población, como la complicidad de todos los sectores políticos de izquierda y derecha, con el sostenimiento de las estructuras políticas que lo garantizan.

El sistema político, que ante el amparo logístico y económico de EEUU logró vencer la amenaza revolucionaria de las décadas de 1960 y 1970, a sangre y fuego, mediante las dictaduras cívico militares, no logró (ni pretendió) solucionar el conflicto económico que les dio razón de ser.
El auge neoliberal de los 90 que prometía mucho y ofrecía poco, trajo la falsa ilusión de que los países dependientes emergerían como economías primermundistas.
Hacía finales de la década de los 90 y principios de la del 2000 la región es un polvorín, la economía de varios países latinoamericanos colapsa. Tras el desplome de Brasil y México van cayendo como piezas de domino varias otras. El quiebre económico genera crisis social y se suceden levantamientos populares en Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia.

La crisis se presenta como la consecuencia inevitable de la dinámica institucional que garantiza el saqueo sistemático de una clase privilegiada sobre el grueso de la población.
Ya en 1968, Jorge Batlle, presidente durante la crisis de 2002, fue el principal acusado de favorecer a los grupos económicos por la devaluación monetaria impuesta desde el gobierno. La familia Peirano, que integraba cargos gubernamentales previo a la dictadura, ya había sido procesada penalmente en 1973 por fraudes bancarios similares a los que realizaron 2002. En 1983, la dictadura cívico militar respaldó, al igual que en 2002, a los bancos privados con fondos públicos. La crisis de 2002 es entonces, la continuidad de las mismas prácticas institucionales, y hasta de los mismos protagonistas.

Cuando en febrero de 2002 el Banco Galicia quiebra por tener sus reservas en Argentina, se acelera una corrida bancaria, que implicó, solo entre mayo y junio, el retiro del 40% los fondos existentes. Varios legisladores del del Partido Colorado, accediendo a información privilegiada retiraron sus depósitos bancarios, demostrando que en la democracia capitalista el interés personal está por encima de los intereses de la población que dicen representar.
El vaciamiento de los bancos Montevideo y Comercial por parte de los grupos económicos de las familias Peirano y Rohm, se explica, a su vez, por sus estrechos vínculos con las instituciones políticas y los jerarcas del gobierno.
Cuando gobierno inyectó decenas de millones de dólares en los bancos del grupo Peirano para evitar su quiebre, éstos fueron literalmente robados, y transferidos al exterior, calculándose la estafa en unos 800 millones de dólares.
La creciente fuga de capitales de las entidades bancarias auguraba una pronta y catastrófica crisis financiera de difícil solución. El decreto del feriado bancario por parte del presidente Batlle el martes 30 de julio evidencio ante la opinión publica que la situación estaba fuera de control.

2.- La crisis como problema social.

En oposición al saqueo institucional, el movimiento social venía generando respuestas colectivas a la creciente implantación de la economía neo-liberal. La ocupación de Cristalerías, del supermercado El Cine en el Cerro o la mutualista MIDU, entre tantas otras, los años previos, concentraba la solidaridad de los sectores mas inquietos de la sociedad, y daban cuenta de una práctica que aunque insuficiente y poco desafiante, sostenía la lucha social como una alternativa real.

El estallido social de diciembre en Argentina, había mostrado el alcance de la movilización social, y su capacidad de desafiar a los gobiernos, garantes del despojo económico. La consolidación de violentos piquetes, el combate callejero contra las fuerzas represivas, y el rechazo de las alternativas partidarias que pretendían canalizar electoralmente el conflicto, se afianzaron junto a las asambleas barriales y ocupaciones que impulsaron alternativas de autogestión, poniendo en jaque al Estado durante semanas y provocando la caída de 5 presidentes en 11 días.

Meses después, más allá de relatos y estadísticas, la crisis se instalaba en el Uruguay y se padecía en la calle. El vertiginoso y abrupto aumento de precios de los productos de primera necesidad, como harina, frutas y verduras que triplicaron su valor en pocos días. Los supermercados variaban el precio de los productos minuto a minuto según la acelerada alza en la cotización del dólar. La creciente desocupación se generalizó. La cruda inequidad del sistema capitalista y la evidente complicidad de la clase política con los grupos económicos de poder ensancharon la brecha entre la gente común que experimentó una falta total de perspectiva de futuro, y los sectores de poder que jamás sintieron la falta de alimentos o insumos para sus familias.

El desplome de la economía local por las lógicas del mercado, junto a el inocultable robo de los grupos económicos amparados por el Estado, eran tierra fértil para la irrupción de una alternativa revolucionaria.
Pero los grupos de intención revolucionaria existentes, de distintas ideologías, diseminados en diversas organizaciones sociales y sindicales, (que convivían con la militancia frenteamplista reacia a todo tipo de tensión antisitémica), no parecen haber tenido una proyección que ofreciera una vía revolucionaria articulada.
Tras el colapso del sistema financiero oficializado en el feriado bancario del martes 30 de julio, al dia siguiente se producen algunos saqueos a locales comerciales. Los mas resonados fueron el supermercado ubicado en Agraciada a la altura de San Martín donde resultaron unas 10 personas detenidas y en Aparicio Saravia y Lecoq, el cual derivó en un violento foco de conflicto entre las fuerzas de choque y lxs vecinxs de la zona que se extendió durante toda la noche.
Los saqueos irrumpieron como una práctica de acción directa aparentemente espontanea que revindicaba el derecho de la población a acceder a los alimentos y productos de necesidad. Los medios de desinformación pretendían deslegitimar los mismos argumentando que se robaban productos de alto valor comercial y no solo alimentos, desconociendo absurdamente el valor de cambio de dichos productos o el derecho al placer de quienes arriesgan su vida y libertad ejerciendo la acción.
Al día siguiente, se contaron unos 30 saqueos que parecían mostrar la expansión de la medida.
Sin bien el accionar individual de compañerxs es innegable, no pueden explicarse los mismos como una táctica ofensiva planificada para enfrentar la crisis.
Al día siguiente, desde el Ministerio del Interior se propaga el falso rumor de que los saqueos se estaban expandiendo, imponiendo el temor generalizado y fomentando el cierre de todos los locales comerciales.

El cese abrupto de la realización de saqueos puede explicarse tanto por la represión y rápida condena con prisión de algunxs participantes, como también por la supuesta permisividad de las fuerzas policiales los días 30 y 31, en una primera instancia, para justificar e imponer un estado de conmoción social el día viernes 2, cuando las fuerzas policiales ocuparon la ciudad, bajo la vigilancia área de un novedoso helicóptero policial y la aplicación generalizada de razzias que prohibían la presencia de todo agrupamiento de personas que permaneciera en la calle.

Esta situación excepcional, justificada en los incidentes de los días previos, pero impuesta desde el aparato policial con el apoyo de los medios de comunicación garantizaba las extremas medidas económicas que el gobierno realizó, con la complicidad de todo el sistema político parlamentario de izquierda y derecha, para recibir del FMI varios millones de dólares que junto a imposición de determinadas políticas económicas pusieran a salvo la estructura económica que sustenta del despojo capitalista.

Desde la óptica anarquista, la crisis evidenciaba la injusticia del sistema económico capitalista y la farsa de su estructura política democrática, donde entre amigos se cuidaban los millones en desprecio de la población.
Si bien la apremiante situación de hambre y problemas económicos potenciaron la autogestión y la auto organización social desde las ollas populares, huertas comunitarias y los clubes del trueque que permitían el intercambio de bienes y servicios sin necesidad del dinero, la falta de una rápida articulación de las practicas de acción directa evidenció la importancia de un proyecto insurreccional a mediano o largo plazo.

3.- La crisis como grieta revolucionaria.

La crisis evidenció la imprescindible necesidad de transformar los conflictos sociales en respuestas colectivas. Días después, el conflicto estudiantil se intensificó y las ocupaciones de diversos centros de estudio contó con una minoritaria pero activa militancia anarquista que buscó potenciar las tensiones existentes. La manifestación estudiantil del 14 de agosto evidenció que la tensión social iba en aumento, cuando al llegar al palacio legislativo el fuego y el ataque a los efectivos policiales se impusieron. La prensa relató como “la acción de un grupo que con la cara tapada incendió una bandera de EEUU y apedreó sin justificación el Palacio Legislativo y a la policía tomó por “sorpresa” al sistema de seguridad policial”.
La actuación de algunos legisladores de izquierda simbolizó el rol de la fuerza política en el conflicto social, cuando tras el apedreo de las oficinas parlamentarias algunos de éstos junto a dirigentes de FEUU intentaron sin éxito contener a los manifestantes.

La crisis de 2002 a la vez que catapultó a la izquierda política hacia el poder, demostró cual era su rol en el juego de la democracia capitalista. Ya no se trataba de transformar la sociedad de una forma pacifica e institucional, sino de hacer de muro de contención (expresión utilizada por Mujica) ante las protestas sociales para encauzarlas dentro de la institucionalidad democrática.
La alianza entre sectores de izquierda con sectores reaccionarios del agro, plasmada en la Concertación para el Crecimiento (teniendo como uno de sus referentes al empresario Hugo Manini Ríos, fundador de la fascista JUP y hermano del actual líder de Cabildo Abierto), fue por su alcance de contención, articulación y carga simbólica, la muestra tangible de su papel amortiguador.

A pesar de eso, la lucha social se intensificó, en los barrios, en las ollas, en las calles. Se realizaron varios caceroleos, cortes de calle, escraches que evidenciaron la violenta tensión del momento. El 20 de Setiembre, más de dos mil personas de diversas organizaciones sociales y gremios en conflicto desbordaron el cordón policial para paralizar totalmente el trafico de ingreso y salida de la Ciudad Vieja, centro financiero y comercial de la ciudad, confluyendo en la acción grupos reformistas, revolucionarios de izquierda y anarquistas.
La creciente agitación implicó la constante represión de un sistema deslegitimado socialmente. La radio comunitaria El Quijote FM del barrio Peñarol, señalada por el poder como instigadora de los saqueos fue asaltada y allanada por decir al aire que “si el hambre es ley, el saqueo es justicia.” Días después eran allanadas La Voz FM y Germinal FM, todas con fuerte presencia anarquista. El conflicto estudiantil implicó varias ocupaciones de centros educativos y derivó en el violentos desalojos en los liceos Miranda y 11 del Cerro el 29 de setiembre.

La lucha por la libertad de lxs presxs también tuvo una fuerte impronta libertaria desde la Asamblea Solidaria, la cual contó con la incansable lucha anticarcelaria del Negro Ferrujo y Goy Fonseca, quienes junto a distintos ateneos, colectivos libertarios y familiares de presxs impulsaron la lucha por la libertad de “los presos del hambre” condenados por los saqueos, logrando la liberación de todxs, y la constante denuncia del sistema carcelario como forma de tortura legalizada.

Mientras lxs anarquistas nucleadxs en organizaciones específicas redoblaron su militancia barrial y sindical en sus lugares de referencia, otrxs, desde prácticas informales, nucleados desde la afinidad, reconocieron en la crisis la necesidad de desarrollar una lucha ofensiva ágil y efectiva que junto a una agitación permanente impulsara una proyección insurreccional a corto, mediano y largo plazo.

El estallido de la crisis demostró la necesidad de proyectos antisistemicos que disputen la legitimidad del poder político y económico proponiendo alternativas colectivas reales en el corto plazo. Siendo el desarrollo sostenido de prácticas insurgentes en tiempos de estabilidad capitalista lo que posibilita la consolidación de rupturas estructurales, cuando el sistema tambalea por sus propias contradicciones.
Es entonces la tarea del presente, la práctica desafiante de hoy la que posibilita la expansión colectiva de practicas antisistemicas que enfrenten con éxito el poder represivo de los gobiernos para socializar la riqueza económica que solo disfrutan los privilegiados.

“La clave es el método, la clave es la oportunidad del momento. Como nunca antes, quienes hemos sostenido como columnas vertebrales de la practica política la horizontalidad, la participación, la acción directa, tenemos la oportunidad de demostrar las enormes posibilidades que estos postulados ofrecen.”
Barrikada N°27, Montevideo, Agosto 2002.

“La necesaria e imprescindible solidaridad de los que luchan, para que no se desangren solos, esa herramienta para potenciar al conjunto, parece ser la única llave para un futuro distinto.”
Lucha Libertaria N°12 Abril 2003.

“Proponer la acción, la protesta, la contestación (…) como algo vivo, modificable en su desarrollo. (…) Simplemente organizamos nuestra rabia. No somos una organización, estamos organizadxs. La destreza estaría como conjugar nuestros deseos de la forma más dañina contra lo que queremos destruir (…) No queremos el mejoramiento del sistema, ni su administración, queremos sepultarlo junto a sus cimientos.”
Aullidos para la Guerra N°1. Montevideo, Otoño 2003.

P.M. / O.